Freno a los abusos: estacionamientos en Cuautitlán Izcalli no podrán subir tarifas sin aval del Cabildo

Dejar el auto en un estacionamiento público de Cuautitlán Izcalli no implicará sorpresas en el bolsillo. El gobierno municipal advirtió que ningún establecimiento comercial o particular tiene permitido incrementar sus tarifas de forma unilateral, por lo que se mantendrán operativos de vigilancia para proteger la economía ciudadana.

Durante la conferencia de prensa “El Poder del Pueblo”, el alcalde Daniel Serrano dejó en claro la postura del municipio: cualquier ajuste en los precios debe pasar de manera obligatoria por la aprobación del Cabildo.

“¿Puede aumentarse una tarifa autorizada? Puede, pero no de manera unilateral. No habrá ningún incremento a tarifas a estacionamientos en Cuautitlán Izcalli; quien lo vaya a plantear tendrá que someterse a decisión del Cabildo”, subrayó Serrano.

El filtro para operar: reglas claras y sustento financiero

La medida se fundamenta en los artículos 41, 48 y 49 del Reglamento de Unidades Económicas local. La normativa estipula que ningún negocio puede cobrar por la guarda y custodia de vehículos si no cuenta con un permiso oficial vigente y un costo previamente autorizado.

Para solicitar o ajustar una tarifa comercial, los dueños de estacionamientos deben presentar un expediente técnico ante la Dirección de Desarrollo Económico con los siguientes requisitos:

  • Seguridad y certeza jurídica: Acreditación de propiedad o posesión del predio, uso de suelo adecuado, póliza de seguro de cobertura a usuarios, evidencia física de las instalaciones y dictamen vigente de Protección Civil.
  • Justificación económica: Un desglose financiero real que incluya gastos operativos (directos e indirectos), inversión en equipamiento, amortización de obra y un margen de utilidad razonable.

Una vez revisada la documentación, el expediente se envía a los regidores del Cabildo, quienes deciden si autorizan o rechazan la propuesta. Con este proceso, el municipio busca evitar cobros discrecionales y garantizar que el servicio brindado corresponda a un precio justo y legal.