Por unanimidad de votos, el dictamen emitido por la Comisión de Límites Territoriales, referente al diferendo territorial entre Cuautitlán Izcalli y el municipio de Cuautitlán México, fue retirado del orden del Pleno de la Cámara de Diputados del Estado de México, mismo que se votaría en el próximo periodo ordinario de sesiones.
El argumento en el que se sustentó la moción suspensiva del dictamen, fue que, al tratarse de un tema crucial para ambos municipios, se debe contemplar que el Estado de México se encuentra en un proceso electoral y dada la naturaleza del asunto, podría causar confusión e ingobernabilidad.
En la legislatura local se pidió no permitir que un tema apegado a derecho y de justicia social, se convierta en un tema con tintes políticos y exhortaron a las diferentes expresiones políticas a que se abstengan de hacer pronunciamientos oportunistas, beneficiando intereses de grupo y particulares.
Por su parte, el presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli y la primer síndico emitieron su posicionamiento sobre la determinación del Congreso del Estado de México. El alcalde comentó que el dictamen constituye un requisito para que el asunto sea presentado ante el pleno, y no representa una resolución del asunto, como indebidamente se ha hecho creer, como si ya estuviera resuelto.
También señaló, respecto al dictamen, que omitieron el análisis de diferentes aspectos, como cuestiones de previo y especial pronunciamiento, referente a la falta de personalidad del presidente Municipal y síndico de Cuautitlán México; así como diferentes excepciones de forma, relacionadas con la falta de acción y derecho, la indebida retroactividad, la falta de procedibilidad y la prescripción, entre otros aspectos.
“Esta situación nos dará oportunidad para hacernos valer ante todos los integrantes del pleno, y se verá con meridiana claridad, que el dictamen carece de un sustento verídico en el sentido en el que fue presentado”, aclaró el presidente izcallense.
En el mismo sentido, la primer síndico comentó que la ciudadanía debe tener total confianza del gobierno, pues se ha actuado con absoluta responsabilidad y agregó que están dispuestos, de ser necesario, acudir a la Suprema Corte de Justicia para interponer una controversia constitucional.