A propuesta del Grupo Parlamentario de Morena, la 60 Legislatura mexiquense abrogó el decreto 317 emitido el 10 de agosto de este año, por lo cual queda sin efecto la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, conocida como Ley Issemym, que entraría en vigor el próximo primero de enero.
La ley abrogada era una ley poco solidaria que tenía “como finalidad última la pauperización de las pensiones y de los servicios médicos a los que todo trabajador y trabajadora debe tener acceso”, destacó el diputado Benigno Martínez García, al dar lectura a la propuesta de abrogación, a la que se sumó el Grupo Parlamentario del PT.
El legislador Maurilio Hernández González, coordinador parlamentario de morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que dicha ley es parte de un contexto en el que se ha conculcado el estado de bienestar como resultado del neoliberalismo, “modelo fallido que fue en contra de los intereses de la mayoría por más de treinta años”, y anunció que en los primeros meses del año entrante se trabajará en la elaboración de una nueva ley.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Miguel Sámano Peralta, consideró fundamental el análisis en comisiones de la iniciativa presentada, ya que sus repercusiones obligan a un estudio detallado y objetivo, y subrayó que revertir la Ley Issemym vulnera los derechos humanos de los derechohabientes, esencialmente el relacionado con la seguridad social, por lo que reiteró su respaldo a la norma abrogada.
Del Grupo Parlamentario del PT, su coordinador, el legislador Armando Bautista Gómez, puntualizó el rechazo de su bancada a la Ley Issemym por ser contraria a los intereses de los trabajadores, “ya que condena a las nuevas generaciones a no tener una pensión que permita una vida digna”.
El legislador Anuar Roberto Azar Figueroa, líder del Grupo Parlamentario del PAN, expresó el voto de su bancada en contra de la abrogación, además de que solicitó que la propuesta no fuera votada de inmediato y se turnara a las comisiones legislativas respectivas para que, en un plazo suficiente, se analizara de manera responsable la decisión con base en las opiniones de los trabajadores y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En nombre del PES, su coordinador, el legislador Carlos Loman Delgado, destacó que la abrogación del decreto de la Ley Issemym se da dentro del marco legal y permitirá a los grupos parlamentarios hacer una revisión de la norma sin descartar los trabajos avanzados en beneficio de la ciudadanía.
José Alberto Couttolenc Buentello, diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, subrayó que la ley estuvo viciada desde un inicio y enfrentó un acelerado proceso legislativo, lo cual originó omisiones, ya que no se escuchó a todos los actores involucrados y afectados por su promulgación, y votó por la abrogación.
El legislador Omar Ortega Álvarez, quien coordina el Grupo Parlamentario del PRD, propuso que la ley entrara en vigor hasta el 2020 y mientras tanto se aclarara tanto la ley del 2002 como sus posteriores reformas quedarían vigentes, además de facultar a la Legislatura para que, a partir del 1 de enero de 2019, se trabaje en una propuesta con todos los sectores, trabajadores y los poderes Ejecutivo y Legislativo; su propuesta fue desechada por mayoría de votos.
Benigno Martínez, durante la exposición de la iniciativa, señaló que los diputados representan en la Legislatura a las y los trabajadores, que con su esfuerzo entregan gran parte de su vida, “y lo menos que podemos hacer es brindarles reconocimiento a sus derechos”.
Dijo que con dicha ley los servidores públicos se encontraban en grave peligro de perder su derecho a una pensión digna y bien remunerada, el derecho al acceso a servicios médicos de calidad y el derecho a la seguridad social y económica de sus dependientes.
Además, destacó, vulneraba el derecho de acceso a los servicios de salud, incrementaba las cuotas obligatorias para cubrir las prestaciones de salud de 4.625% a 5.625%, así como la edad y el tiempo de servicio para pensionarse al pasar de 62 a 67 años.
Señaló que también liberaba al patrón de las obligaciones derivadas de los riesgos de trabajo, lo que vulneraba los derechos de las y los trabajadores consagrados en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo; era discriminatoria, y restringía el acceso al derecho de las pensiones, a los servicios y derechos establecidos a las parejas del mismo sexo y a las personas en concubinato.
Dicha ley también configuraba y modificaba el sistema de pensiones de las y los servidores públicos mexiquenses, el cual operaría a través de Afores, bajo argumentos como el colapso del sistema de pensiones y de atención médica, así como la quiebra del Issemym.
Uno de los argumentos que más se valoró para la aprobación de la ley de 2018 fue que actualmente se pagan pensiones a 59 mil 610 derechohabientes, cantidad que de duplicarse en los próximos cinco años llevaría al Instituto a un colapso financiero, ya que la totalidad de las cuotas, las aportaciones al sistema de pensiones e incluso las reservas actuariales acumuladas serían insuficientes.
Sin embargo, detalló, las aportaciones de los propios trabajadores y de las instituciones del Estado han aumentado de 9 mil 460 millones a 19 mil 555 millones de pesos, entre los años 2012 y 2017, por lo cual el incremento de los recursos existe, siendo posible optimizarlos mediante una política de austeridad y mejor inversión de los existentes.
Con estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Morena se comprometió a dedicarse de lleno a elaborar una propuesta de ley que permita afrontar de la mejor manera esta situación.
El decreto aprobado señala que, derivado de la abrogación del decreto número 317, publicado en la “Gaceta del Gobierno”, se mantiene en vigor la Ley de Seguridad Social expedida mediante decreto número 57 de la 54 Legislatura y publicado el 3 de enero de 2002, con sus reformas aprobadas mediante decreto número 36, publicado en el mismo medio oficial el 19 de diciembre de 2012.
También establece que los actos que, en su caso, se hayan realizado con base en el decreto número 317 quedarán sin efectos, y que la ley del Issemym aprobada en 2002 seguirá vigente.
Al inicio de la sesión, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, solicitó, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, su adhesión a la propuesta de morena, toda vez que presentaría en esta misma sesión una iniciativa con los mismos propósitos.
La propuesta, dispensada del trámite de dictamen al considerarse de urgente y obvia resolución, fue aprobada en sesión del Primer Periodo Ordinario por 53 votos a favor de los grupos parlamentarios de morena, PT, Encuentro Social y PVEM; 19 en contra de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, y 2 abstenciones de los diputados del PRD.