• El líder de la bancada asegura que aún no se evalúa en comisiones la propuesta que implica el financiamiento de 43 mil mdp de la IP para dos centros penitenciarios.
Toluca, México. El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura local, Maurilio Hernández González aseguró que no hay presión del Gobierno del Estado de México (GEM) para que se construyan dos penales más en la entidad, con participación de la iniciativa privada.
Lo anterior, luego de que ayer el Gobernador Alfredo del Mazo anunciara en la conferencia La Mañanera realizada en Valle de Bravo, junto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hay una sobrepoblación del 120 por ciento, y se construirán dos nuevos penales para contrarrestar el problema en Ixtlahuaca y Otumba.
“Ese asunto ni siquiera se ha ventilado en comisiones, qué bueno que el Presidente a partir de la información que seguramente le han proporcionado, coincida en la necesidad de tener que atacar este tema, el asunto es cómo se va a financiar, la necesidad existe y hay que atenderlo”, apuntó el también coordinador de la bancada morenista.
La iniciativa que está en análisis por la legislatura, propuesta por el Gobernador, plantea la construcción de los dos centros penitenciarios vía el esquema de APP e implica un compromiso financiero por 43 mil millones de pesos más IVA.
Maurilio Hernández descartó que el anuncio realizado ayer sea una presión a la Legislatura para aprobar el financiamiento privado, y reiteró que se dará el tiempo necesario para profundizar en la propuesta.
Auditor de OSFEM debe demostrar que no ha actuado de forma imparcial
El coordinador de Morena anunció que en la garantía de audiencia para el auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) Valente Baz Ferreira, tendrá que demostrar que no incurrió en las omisiones señaladas por la comisión investigadora que apuntan a una actuación imparcial respecto de la fiscalización de la cuenta pública.
Y refirió que hasta el momento no tienen elementos para suponer un enriquecimiento ilícito del funcionario que ha auditado las finanzas estatales desde hace nueve años, pero debe evaluarse su situación patrimonial, así como de los despachos que se han contratado para las auditorías.
“No hay indicios, por eso es el procedimiento, por eso es obligado darle seguimiento”, reiteró Hernández.