Busca Camacho replantear el federalismo con visión mexicana, no partidaria

Por Victoria Segura

Luego de asegurar que después de la elección del 1 de julio “ningún partido tendrá mayoría en ambas cámaras”, César Camacho aseguró que ello es oportunidad “para que con la fuerza del pluralismo nos pongamos de acuerdo en repensar el federalismo no con visiones partidarias sino con visiones mexicanas”.

Al participar en la mesa temática sobre diseño constitucional como parte del foro “Federalismo Mexicano, El Problema no Resuelto, Retos y Propuestas”, convocado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el candidato a Senador por el Estado de México se pronunció a favor de “no fusionar, ni dividir, mejor articular”.

“Nadie quien gane tendrá un territorio escriturado, por lo que debemos buscar las coincidencias, sin mezquindad ni visiones partidistas y al margen de coyunturas para hacer un buen uso de la funcionalidad de las normas en beneficio de los ciudadanos”, recalcó el abanderado tricolor.

Tras reconocer que en materia de federalismo “no se ha detenido la tendencia centralista” y que persiste “una afanosa concentración de poder”, dijo que es urgente una redistribución del poder para evitar que siga concentrado sólo en el ámbito federal y en el poder Ejecutivo.

“No puede haber una visión federalista clara, porque en el centro está la visión personal, grupal y partidaria del ejercicio del poder”, aclaró el candidato a senador, para luego sostener que en México “tenemos un Estado federal unitario, en aras de la concentración del poder, tendencia que no ha sido exclusiva de ningún partido”.

César Camacho hizo votos a que, desde el Congreso de la Unión, todas las fuerzas políticas ahí representadas impulsen una “reivindicación constitucional para ensanchar las opciones hacia un nuevo federalismo, particularmente en los ámbitos político y hacendario, a la par de la implementación de un sistema de distribución de competencias, “no sólo exclusivas o concurrentes sino también coincidentes”, que garanticen el robustecimiento del control constitucional en los congresos locales.

Otro de los asistentes a esta mesa de diálogo fue Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, quien cuestionó la conveniencia del modelo de federalismo actual, “pues al no haber una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, es como armar rompecabezas distintos” en alusión a la gran cantidad de leyes generales en la materia.

Por su parte, el destacado investigador y jurista, Antonio Azuela de la Cueva, señaló que, por la queja sistemática contra el poder de los gobernadores, “en México hay un federalismo líquido, pero de emulsión”, por lo que pugnó por la descentralización de las élites y la opinión pública en las entidades federativas, a fin de que la Constitución “se tome más en serio”.

A su vez, Ana Elena Fierro, catedrática del CIDE, propuso la creación de un mayor número de leyes nacionales “pues hay una especie de desaseo por la falta de claridad en los tipos de normatividad, lo que ha generado que cada vez se dispersen más las responsabilidades y funciones de la autoridad”.

En su oportunidad, David Arellano, subsecretario de Previsión social del gobierno federal, lamentó que la sociedad se siga inclinando por sistemas burocráticos “o también llamado constitucionalismo chilango”, al utilizar leyes generales como alternativas de solución en casos específicos, como la búsqueda de personas desaparecidas, “lo que generalmente nos lleva a un problema mayor”.

En tanto, la Magistrada Laura Rojas Zamudio, propuso revisar las leyes generales para delimitar sus facultades y competencias, “hay que homogeneizar los mecanismos para hacer que el sistema actual deje de ser complejo y desordenado”, por lo que pidió una descentralización normativa y operativa real y efectiva.

Finalmente, el subsecretario de Previsión Social del Gobierno de la República, David Arellano, coincidió con César Camacho, en la necesidad de un replanteamiento del federalismo en México, el cual deberá impulsarse mediante la fuerza de la pluralidad política que imperará en el Congreso de la Unión luego de la elección del 1 de julio.